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Narración · Unidad 4.1
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La argumentación como presupuesto de la motivación de las resoluciones judiciales
La argumentación jurídica constituye el presupuesto esencial de la motivación de las resoluciones judiciales. Sin argumentar adecuadamente, no es posible cumplir con el deber constitucional de motivar.
Argumentar implica ofrecer razones que justifiquen una determinada decisión, permitiendo que las partes y la sociedad comprendan el fundamento de lo resuelto. En el ámbito judicial, la argumentación trasciende la mera cita de normas legales: exige un razonamiento lógico, coherente y suficiente que conecte los hechos probados con las consecuencias jurídicas aplicables.
Tres conceptos interdependientes que conforman la base del razonamiento judicial en el proceso penal.
Ofrecer razones que justifiquen una decisión judicial. La argumentación jurídica consiste en la construcción de un razonamiento lógico y coherente que permita sostener la posición asumida por el juzgador, con base en las pruebas y las normas aplicables al caso concreto.
Expresar los fundamentos de la resolución judicial. La motivación es la exteriorización del razonamiento del juez, mediante la cual se exponen las razones fácticas, probatorias y jurídicas que sustentan la decisión adoptada, garantizando la transparencia y el control del ejercicio jurisdiccional.
Demostrar la racionalidad y legalidad de lo decidido. La justificación implica que la decisión judicial no solo sea conforme a derecho, sino que resulte racionalmente aceptable. Comprende tanto la justificación interna (coherencia lógica) como la justificación externa (solidez de las premisas).
La relación entre argumentación y motivación es indisoluble en el ejercicio de la función jurisdiccional. La argumentación constituye el proceso intelectual mediante el cual el juez construye las razones de su decisión, mientras que la motivación es la expresión escrita u oral de ese razonamiento.
Una resolución judicial que carezca de argumentación suficiente no puede considerarse debidamente motivada. La motivación exige que el juzgador exponga de manera clara, completa y coherente las razones por las cuales adoptó una determinada decisión, descartando las alternativas posibles y justificando la elección realizada.
En el contexto del proceso penal guatemalteco, la motivación de las resoluciones judiciales no es una mera formalidad, sino una garantía constitucional que permite a las partes conocer las razones de la decisión y ejercer los recursos que el ordenamiento jurídico les confiere.
El deber de motivar las resoluciones judiciales constituye una garantía del debido proceso que permite el control de la actividad jurisdiccional. Sin motivación adecuada, la decisión judicial se convierte en un acto de autoridad carente de legitimidad, pues no basta con decidir: es necesario explicar por qué se decidió de esa manera y no de otra.